La Fiscalía General de México informó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en delitos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que continúa sin resolverse más de una década después.
Aguirre Rivero, quien gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, fue detenido por acusaciones de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, según informó la fiscal general Ernestina Godoy.
Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se trasladaban en autobuses por Guerrero hacia Ciudad de México para participar en una movilización. Hasta ahora, únicamente han sido identificados restos de tres de los jóvenes, mientras que sus familias continúan exigiendo conocer su paradero.
Nuevas líneas de investigación apuntan a más detenciones
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que existen nuevas líneas de investigación que podrían generar más detenciones relacionadas con el caso. La mandataria aseguró que el objetivo de las autoridades es esclarecer lo ocurrido, hacer justicia y localizar a los estudiantes.
Sheinbaum explicó que las investigaciones recientes se enfocaron en revisar testimonios y registros de llamadas telefónicas realizadas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y días posteriores, con el propósito de establecer vínculos entre las personas involucradas.
La gobernante mexicana afirmó que la captura del exmandatario estatal no responde a motivos políticos, sino a los avances en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Un caso que sigue sin esclarecerse
El caso ha tenido varias investigaciones desde la desaparición de los estudiantes. La primera, impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó que los jóvenes fueron asesinados y sus restos incinerados, una versión que posteriormente fue cuestionada por nuevas indagatorias.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se abrió una nueva investigación que calificó el hecho como un “crimen de Estado” y señaló la posible participación de integrantes del crimen organizado en coordinación con policías locales.
Ángel Aguirre Rivero se convierte en uno de los funcionarios de mayor nivel procesados por el caso Ayotzinapa, junto al exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien enfrenta acusaciones por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
