El presidente de Daniel Noboa decretó este martes un nuevo estado de excepción en diez provincias y tres municipios de Ecuador, argumentando una “grave conmoción interna” provocada por el incremento de la violencia vinculada a grupos del narcotráfico y otras organizaciones delictivas.
La medida tendrá una duración de 60 días y permitirá el despliegue de militares en las calles para reforzar las acciones de seguridad. Además, el decreto contempla la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las zonas afectadas.
Según datos oficiales, entre el 1 de mayo y el 12 de junio se registraron 879 homicidios en los territorios incluidos en la declaratoria. Las autoridades sostienen que existe una reconfiguración de estructuras criminales y un aumento de la violencia en varias provincias costeras, andinas y amazónicas del país.
Este nuevo estado de excepción se produce apenas dos semanas después de que concluyera una medida similar. El Gobierno asegura que busca contener el avance de bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen preocupaciones sobre posibles excesos en el uso de la fuerza pública.
