La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dispuso este lunes la remoción de siete directores policiales de confianza después de que no superaran una prueba de polígrafo aplicada como parte de los controles internos de seguridad. Además, instruyó la apertura de investigaciones preliminares contra cada uno de los funcionarios, según informó la propia mandataria.
De acuerdo con Fernández, los siete funcionarios formaban parte de un grupo de 33 directores sometidos a la evaluación, la cual incluyó preguntas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y la posible recepción de beneficios ilícitos durante el ejercicio de sus cargos.
“Los siete directores de confianza fueron removidos de inmediato de sus puestos y adicionalmente instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos”, expresó la presidenta. Agregó que las preguntas realizadas en el polígrafo estaban orientadas a temas de crimen organizado, narcotráfico y eventuales actos irregulares vinculados a sus funciones.
La medida se enmarca en la Ley del Polígrafo, aprobada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026). Esta normativa establece un nuevo estatuto que permite aplicar pruebas de polígrafo a integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad nacional con el objetivo de combatir la corrupción y determinar la idoneidad de quienes ocupan estos cargos.
Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes que no cuenta con Ejército desde 1948, delega las labores de seguridad en la Fuerza Pública, integrada por aproximadamente 15.000 efectivos.
